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Política

MIGRACIÓN EN LA ERA PEDRO CASTILLO EN PERÚ

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El presidente hizo campaña desde la xenofobia y debe re-enfocar su discurso sobre la movilidad humana proveniente de Venezuela hacia una perspectiva de integración.

La xenofobia entre los líderes políticos del Perú es un asunto que no distingue colores ni ideologías. En la campaña a las elecciones presidenciales las figuras más visibles de los partidos exhibieron un discurso que apuntó al ciudadano extranjero como un riesgo para la seguridad, buscando exacerbar el nacionalismo y cultivar votos a costa de la discriminación.

La carente apuesta por un discurso inclusivo fue protagonista. El presidente Pedro Castillo habló de expulsar, en cuestión de 72 horas, a los ciudadanos extranjeros que cometan delitos y confirmó esa premisa en su discurso a la nación del 28 de julio. “Abrieron las fronteras del país a diestra y siniestra, ha venido gente de otros lugares a hacer lo que quieren (…) Perú está primero y al peruano se le respeta”, dijo.

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, su contrincante y cuyo partido es mayoritario en el Congreso, propuso convocar a las Fuerzas Armadas y a los Comités de Autodefensa -creados por comunidades campesinas en el conflicto contra el terrorismo de Sendero Luminoso- a luchar contra los “delincuentes” extranjeros. Así, entre promesas de seguridad y “mano dura”, la xenofobia está permeando la política en Perú.

Ignorar la integración no fue solo un factor de campaña. “Los esfuerzos para acoger a las personas venezolanas han sido insuficientes e inconstantes. Hubo un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que eliminaron y ahora hay figuras temporales que no funcionan muy bien a la hora de proveer derechos”, afirma Víctor Molina, coordinador de movilización de Amnistía Internacional Perú.

Bajo la presidencia de Martín Vizcarra, la Policía Nacional creó una brigada especial para delitos de extranjeros y se fomentaron las expulsiones a migrantes que ingresaron al país de manera “clandestina” y que generaron “desorden social”, términos que usó esa administración para justificar los operativos de vigilancia a irregulares en la frontera.

Tener un PTP no es una garantía de acceso a derechos para los venezolanos en Perú. Tramitar ese documento cuesta alrededor de 40 soles y, una vez expedido, solo tiene vigencia por un año. Cuando se cumple ese lapso, el migrante, nuevamente, queda en condición irregular y a la espera de que el Gobierno habilite un nuevo periodo de regularización.

“La integración ha sido heterogénea: en educación ha marchado mejor, en salud sigue siendo un proceso lento y en términos de empleo es un problema estructural relacionado con la condición de una sociedad muy desigual”, detalla Tania Vásquez, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos.

De un millón de venezolanos que residen en Perú, poco más de 4.285 han recibido la vacuna contra el covid, según un balance que presentó el Ministerio de Salud. Incluso, previo a la emergencia sanitaria, para acceder al sistema de salud se necesitaba tener un carné de extranjería, según relató Vásquez, documento al que no se ha suscrito toda la población extranjera.

Solo 465.858 venezolanos están en condición regular. La irregularidad es la puerta al desempleo y al empleo informal, especialmente en el sector de servicios. La falta de un ingreso digno empuja a los migrantes a la pobreza y amenaza su proceso de integración, una tarea que es determinante para el desarrollo del Perú, que se convirtió en el segundo destino de uno de los fenómenos de migración internacional más grandes del mundo.

“Si hay un elemento que no diferenció a los políticos en los últimos meses es ver la migración, y especialmente la venezolana, como un problema a tratar. Todos y todas han cuestionado la política migratoria del país, usaron la percepción negativa de la migración para dar un sentimiento de regreso de la autoridad y buscaron exacerbar el nacionalismo”, detalla Salvador Herencia, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa.

Las agendas políticas populistas y discriminatorias amenazan la integración de los ciudadanos extranjeros. La necesidad de migrar persiste y los desplazamientos internacionales se hacen más frecuentes con la reapertura de fronteras y la reactivación de las rutas por Latinoamérica: salir de Venezuela y atravesar Colombia y Ecuador para llegar a Perú.

La migración es un derecho, una apremiante necesidad de los venezolanos para sobrevivir, y una realidad que necesita estar en la agenda del presidente Pedro Castillo desde las perspectivas de integración y derechos humanos.

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